¿Cuál Verdad? Se trata de varios informes en donde se habla del conflicto armado en Colombia desde las víctimas, narrando sus testimonios y presentando hallazgos sobre el impacto de la guerra en el país, muchos de los cuales no fueron tomados en cuenta en otros informes sobre el conflicto y las víctimas en Colombia.
¿Cuál Verdad? Séptimo Borrador, seguimos en construcción
Por: Álvaro Uribe Vélez Expresidente de Colombia
Este escrito, con teclas cansadas, no tiene pretensiones de verdad absoluta, que no existe. Los dogmas de fe son absolutos, la verdad es relativa que aumenta sus grados de aproximación a través del debate. A este queremos contribuir.
Este es un testimonio, unos renglones discursivos soportados en mis vivencias, frescas para la historia y todavía vivas y presentes en muchas de las actuales generaciones. La osadía de escribir me surge de la osadía de la Comisión de la Verdad de faltar a la verdad en muchos casos. Simplemente ejerzo el derecho de expresar y de reiterar puntos de vista ante la ciudadanía, además por la circunstancia de haber sido testigo de excepción en varios de estos eventos.
El origen antidemocrático de la Comisión de la Verdad y su homogénea composición ideológica. El Plebiscito.
Debe recordarse que la Comisión de la Verdad nació del anti democrático procedimiento de enmendar un plebiscito con una proposición del Congreso. Esto es, el pronunciamiento popular que dijo No al Plebiscito sobre el acuerdo de La Habana fue desconocido por el Gobierno de la época, que hizo unos ajustes superficiales y consiguió que el Congreso lo aprobara con una proposición, no hubo proyecto de ley ni de Reforma Constitucional, una mera proposición. Este estropicio a la democracia fue avalado por la Corte Constitucional que aceptó que un veredicto del pueblo fuera desconocido de esa manera. El Gobierno hábilmente introdujo en la norma Constitucional, con aprobación express, que de perderse el Plebiscito podría enmendarse con un procedimiento democrático y entonces escogieron la proposición del Congreso. En el Estado Social de Derecho, con los instrumentos participativos que introdujo la Constitución de 1991, tenía que respetarse la proporcionalidad o la simetría democrática, lo cual significa que un plebiscito, herramienta de pronunciamiento popular, debería ser equivalente a otro mecanismo de participación ciudadana directa, nunca a una precaria proposición en el Congreso.
El Presidente de la República y el doctor Humberto de la Calle coincidieron en afirmar que de perderse el plebiscito quedaría fallido el Acuerdo de La Habana con las Farc. Cuando ganó el No, quienes participamos en la campaña, reiteramos que también queríamos la Paz. En lugar de exigir que no hubiera acuerdo propusimos un Pacto Nacional para modificar los textos de La Habana. Llamamos al Presidente, le pedimos una cita, nos reunimos con su Gobierno y todo fue inútil, prefirieron complacer a las Farc, a Cuba y a Venezuela, que hacer un Pacto temático con aquella parte, un poco más de media Colombia, que dijo No en el Plebiscito.
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La Verdad o una compilación de lugares comunes
Por: Darío Acevedo Carmona, Dr en Historia, Profesor Emérito Universidad Nacional de Colombia y ex director del Centro de Memoria Histórica.
Sin que se haya presentado por parte de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad el Informe Final sobre el tema y a pesar de declaraciones de su director, el sacerdote jesuíta Francisco De Roux, en el sentido de que lo publicado el 28 de junio pasado no es la verdad completa ni definitiva y que lo allí expuesto puede ser objeto de controversia (p. 10), el ministro de Educación, Alejandro Gaviria, dispuso que la entidad a su cargo adelantara un trabajo en escuelas y colegios desde el preescolar, realizará una campaña de socialización del informe de la CEV bajo el sugestivo e impropio nombre “abracemos la verdad”.
No ha sido claro el papel asignado a la CEV en aplicación del acuerdo de paz de La Habana y el teatro Colón de Bogotá de 2016 acerca de si se entiende por “verdad” una labor de investigación académica que interprete con métodos de las ciencias sociales el conflicto armado interno (CAI), guardando los protocolos de plantear hipótesis explicativas o si trata de un trabajo de acopio de las narrativas de las víctimas del CAI en una pretensión de descubrir en ellas la verdad de todo lo ocurrido, es decir, de un esfuerzo para sacar a la luz aquello que no ha sido esclarecido, o lo que está oculto en el maremágnum de acontecimientos trágicos que afectaron a la sociedad colombiana.
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La omisión de la verdad, una injusticia más
Por: María Fernanda Cabal, Senadora de la República.
En Colombia la justicia es una moribunda institución que no hace honor a su nombre ni a su finalidad; muestra de ello es la impunidad que ronda entre el 93 y 95% según datos de la Fiscalía General de la Nación, lo que significa que de cada 100 capturas solo 5 sujetos son procesados y condenados por hechos delictivos por los que deben pagar.
Pero como si ya las cosas no fueran una vergüenza en este sistema de justicia, con ocasión del acuerdo de impunidad con los terroristas de las FARC, se creó el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, que integra instituciones como la Jurisdicción Especial para la Paz, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición Civil, la Unidad de Búsqueda de personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del Conflicto, y la Agencia de Renovación del Territorio.
Todo ese llamado sistema de “justicia” les ha costado a los colombianos entre 2017 y 2022, la friolera de $2.286.166.899.432. Son dos billones de pesos, para ver a los criminales que firmaron eso que llamaron la paz, en las calles en la impunidad o en el Congreso haciendo leyes para sus víctimas que no han sido atendidas porque esa es una verdad que incomoda.
Crearon la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición Civil, con la dirección del Cura Francisco José de Roux y 11 Comisionados, todos con claras inclinaciones políticas que en nada podían contribuir con la verdad de las masacres y violaciones a los derechos humanos cometidas por las FARC.
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La verdad pura, no la verdad de las FARC
Por: Nubia Stella Martínez, Directora Nacional Centro Democrático.
Las enormes fisuras de transparencia y objetividad que acumula el informe final de la llamada “Comisión de la Verdad” están patentadas en forma contundente en la gran mentira de su primer párrafo: “Hay futuro si hay verdad. Sobre esta premisa se construyó el Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y las FARC-EP firmado en noviembre de 2016 para ponerle fin a la guerra insurgente-contrainsurgente que vivió Colombia durante más de seis décadas…”
En un país como Colombia, que ha experimentado como ningún otro del continente tragedias, dolores y violencias, nadie se puede oponer a la paz ni a la verdad. Pese a ello el proceso con las Farc no unió sino enemistó y polarizó a la población porque no se concibió ni desarrolló para el futuro, ni para la verdad, ni como un instrumento de convergencia, de entendimiento o de hermandad, sino como una cadena de trampas y engaños para que los jefes de las Farc pudieran ocultar sus múltiples delitos y garantizar impunidad de las instituciones respecto de los mismos. Logaron imponer un acuerdo a su conveniencia e insertarlo en la Constitución y la ley.
La Comisión de la Verdad forma parte de un conjunto de instituciones desarrolladas en ese proceso, a la medida de los intereses de las Farc para lo cual fue integrada con simpatizantes de su causa. Su objetivo específico ahora es apoderarse del relato de lo sucedido en el país durante más de 50 años de violencia y tratar de imponerlo dentro y fuera de Colombia.
En el Centro Democrático rechazamos desde el inicio todas las maniobras del gobierno y la desfachatez de las Farc para manipular la composición de esa Comisión, un verdadero atentado a la verdad y a la democracia.
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